Santo Domingo, RDHerald.- La reciente aprobación de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha desatado un acalorado debate entre legisladores y diversos sectores de la sociedad. Mientras algunos defienden la ley como necesaria para la seguridad nacional, otros la ven como una violación a los derechos fundamentales y un paso hacia la dictadura.
El artículo 11 de la ley ha sido uno de los principales puntos de discordia, ya que obliga a todos los organismos estatales, instituciones privadas y particulares a proporcionar al DNI cualquier información que éste requiera, sin tener en cuenta la privacidad o el honor personal. Esto ha suscitado preocupación por posibles abusos de poder y violaciones de los derechos de los ciudadanos.
Varios legisladores de la oposición se han sumado a las críticas, y el senador Aris Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha calificado la ley de «dictatorial y autoritaria», señalando el hecho de que el DNI, responsable de la seguridad del Presidente, tiene potestad para remitir información a la Presidencia.
Sin embargo, el diputado Ramón Bueno, presidente de la comisión que estudió el proyecto, defiende la ley y sus disposiciones. Argumenta que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y que cuenta con un amplio apoyo de diversos sectores. También subraya la necesidad de castigar a quienes nieguen información de seguridad nacional al DNI.
La controvertida ley también incluye sanciones para quienes no atiendan las peticiones de información del DNI. Esto incluye penas de prisión y multas de hasta 15 salarios mínimos del sector público. Esto ha suscitado preocupación por las posibles repercusiones para los periodistas y los medios de comunicación, que podrían verse obligados a revelar sus fuentes.
La Sociedad Dominicana de Diarios (ADD) también ha expresado su preocupación por la ley, en particular por el impacto potencial sobre la libertad de prensa. Han pedido que se revise a fondo la ley y sus posibles consecuencias.
A pesar de la oposición y las críticas, la ley sólo espera la promulgación del Poder Ejecutivo para entrar en vigor. Queda por ver cómo se aplicará y si servirá realmente al propósito de proteger la seguridad nacional sin violar los derechos de los ciudadanos.
