Santo Domingo Este, RD Herald. – La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra tres agentes de la Policía Nacional y un militar acusados de agredir sexualmente a una mujer que viajaba en taxi tras su arribo al país desde España.
La medida fue dispuesta por la jueza Karen Casado Minyety, quien ordenó que la sargento Clara Rosa Yoli Gerónimo, el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez y Edwin Yurier Mariñez Araujo cumplan la coerción en el Centro Penitenciario de Najayo, en San Cristóbal. Por su parte, el militar Luis Ángel Taveras Herrera fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR El Polvorín), en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
Testimonio de la víctima
Momentos antes de la audiencia, la víctima, quien no domina el idioma español, relató lo ocurrido a la prensa a través de un pastor que fungió como traductor. Señaló que, tras salir del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y tomar un taxi por la avenida España, fue interceptada y obligada a abordar un vehículo oficial en el que fue agredida sexualmente bajo amenazas de muerte.
El relato indica que, además de la agresión, la mujer fue despojada de US$1,200 y RD$10,000. Según el Ministerio Público, los acusados utilizaron armas de fuego para intimidarla e impedir que pidiera ayuda.
Defensa y acompañamiento
La defensa del militar Luis Ángel Taveras Herrera, encabezada por el abogado Wilson Gutiérrez, alegó que su cliente no participó en el hecho, asegurando que había cambiado de patrulla antes del incidente.
En tanto, la víctima contó con representación legal de abogados del Ministerio de la Mujer, el acompañamiento de la Fundación Zile, dirigida por Edwin Paraison, y asistencia psicológica de la especialista Lucía Burgos.
Investigación en curso
El Ministerio Público aseguró que continuará profundizando en la investigación para establecer responsabilidades y garantizar justicia. El caso ha generado gran indignación pública por la supuesta implicación de agentes del orden en hechos criminales tan graves, poniendo en debate la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad del Estado.
