Santo Domingo, RD Herald. – Adrián Guzmán, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno de El Salvador, presentó su renuncia tras casi dos años al frente de una de las áreas más delicadas del Ejecutivo de Nayib Bukele.
La decisión fue comunicada por el propio Guzmán el miércoles 15 de mayo a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), acompañada de una carta dirigida al presidente salvadoreño.
“Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Nayib Bukele”, escribió.
En el mismo mensaje, Guzmán agregó:
“Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario. Seguiremos avanzando, construyendo futuros donde la dignidad, seguridad y justicia sean realidades para todos”.
El Ejecutivo aceptó la renuncia con efecto a partir del 16 de mayo, según consta en una misiva divulgada por Guzmán, donde también se le instruye a cerrar procesos pendientes y entregar los expedientes institucionales.
Un puesto simbólico sin independencia
La figura del Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión fue creada en 2022, en respuesta a crecientes señalamientos por violaciones de derechos fundamentales en el contexto del régimen de excepción impulsado por el gobierno para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, la oficina no contaba con autonomía constitucional ni facultades sancionadoras, lo que limitó su rol ante denuncias de detenciones arbitrarias, censura y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad. Guzmán, abogado con experiencia en temas sociales, intentó mantener una postura conciliadora, equilibrando su fidelidad al Ejecutivo con tímidos gestos hacia organismos internacionales.
Durante su gestión, fue escasa la comunicación pública sobre sus acciones concretas, y hasta la fecha no se ha presentado ningún informe de rendición de cuentas.
Silencio oficial sobre el reemplazo
La renuncia ocurre en vísperas de un nuevo mandato presidencial: Nayib Bukele asumirá un segundo periodo consecutivo el 1 de junio, tras una polémica habilitación de su reelección por parte de la Sala de lo Constitucional, un fallo que ha sido ampliamente cuestionado por organismos internacionales y defensores del orden democrático.
Hasta el momento, no hay información sobre quién ocupará el cargo de comisionado ni si la figura será reestructurada. La falta de anuncios abre un vacío en la institucionalidad encargada de los derechos humanos en un momento de alta concentración de poder en el Ejecutivo y constantes alertas sobre retrocesos democráticos.
Contexto de presión nacional e internacional
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Human Rights Watch han expresado su preocupación por el debilitamiento de controles institucionales en El Salvador, así como por las condiciones en centros penitenciarios y la ausencia de garantías judiciales bajo el régimen de excepción.
La salida de Guzmán reaviva el debate sobre la necesidad de crear mecanismos verdaderamente independientes y con capacidad de supervisión efectiva para garantizar los derechos fundamentales en el país.