Santo Domingo, RD Herald. – El Ministerio Público presentó nuevos detalles del expediente de la Operación Camaleón, revelando que la empresa Transcore Latam, S.R.L., bajo órdenes de los imputados, realizó instalaciones clandestinas y no autorizadas de semáforos durante horas de la madrugada, alterando peligrosamente la red de tránsito del Gran Santo Domingo.
Según el expediente, entre marzo y agosto de 2024, los señalados sustituyeron equipos oficiales del Intrant sin autorización estatal, aumentaron de 80 a 124 reguladores semafóricos e incluso cambiaron llavines y cajas de control para impedir el acceso de las autoridades legítimas.
Un secuestro tecnológico del tránsito
El Ministerio Público afirma que este accionar permitió que la red completa quedara bajo control exclusivo del centro privado de Transcore Latam, dirigido por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y sus colaboradores. El informe señala que la intervención fue ejecutada como represalia tras la suspensión del contrato estatal, valorado en más de RD$1,300 millones.
Durante ese periodo, en varias ocasiones los semáforos del Gran Santo Domingo colapsaron simultáneamente, provocando caos en avenidas principales.
Espionaje electoral y contrabando tecnológico
El expediente también establece que Jochi Gómez está acusado de contrabandear drones, servidores y equipos de espionaje electoral durante la pandemia del COVID-19, sin declararlos ante Aduanas, configurando delitos de alta tecnología, contrabando y comercio ilícito.
Hugo Beras, señalado como facilitador clave
La Procuraduría Anticorrupción (PEPCA) identifica al exdirector del Intrant, Hugo Beras Goico, como “el principal facilitador interno del esquema de corrupción”, a quien se le atribuye haber adjudicado contratos fraudulentos y facilitar la operación de empresas sin capacidad técnica real.
Imputados en el expediente
Además de Jochi Gómez y Hugo Beras, enfrentan cargos:
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exjefe del centro de control del Intrant
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología
- Frank Díaz Warden, excoordinador del despacho
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo
- Carlos José Peguero Vargas, técnico operativo
- Manuel Eduardo Mora, de Pago RD Exchange
- Mariano Gustini y Henry Darío Féliz Casso
El Ministerio Público acusa a los involucrados de asociación de malhechores, sabotaje, estafa contra el Estado, falsedad ideológica, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología.
El expediente consta de 338 páginas y podría derivar en uno de los procesos anticorrupción más emblemáticos de los últimos años.
