Santo Domingo, RDHerald.- En un giro crucial dentro de la Operación Medusa, Lisandro Macarrulla Martínez, hijo de quien fuera Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla Tavárez, ha dado un paso significativo hacia la aceptación y transparencia. En un acuerdo valiente con el Ministerio Público, se ha comprometido a reconocer los actos que le fueron atribuidos y a enfrentar las consecuencias con responsabilidad y dignidad.
Como resultado de este acuerdo para un juicio abreviado, que ya ha sido propuesto ante el juez encargado en la etapa preliminar, el Ministerio Público ha solicitado una sentencia de tres años de prisión suspendida. Además, reflejando el compromiso por reparar el daño causado, Macarrulla Martínez acordó entregar la suma de 77 millones de pesos, correspondiente a fondos incautados durante la operación.
Pero su contribución no se detiene allí. En una muestra de buena fe y voluntad de colaboración con la justicia, también se acordó la transferencia de más de 57 millones de pesos a través de un cheque de administración y el traspaso de un inmueble en la prestigiosa Torre M2, valorado en más de 20 millones de pesos. Este esfuerzo refleja una auténtica iniciativa por parte de Macarrulla Martínez para apoyar la integridad de nuestras instituciones.
El proceso judicial ha revelado que los cargos frente a Macarrulla incluyen asociación de malhechores, desfalco y autor de soborno activo. Adicionalmente, en un acto de responsabilidad corporativa, se acordó la cancelación, por un periodo de dos años, del registro mercantil de su empresa, Mac Construcciones SRL.
En esta misma onda de reconocimiento y aceptación de responsabilidades, otros implicados en el caso Medusa, incluyendo a Rafael Salvador Rasuk, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel, José Antonio Santana y Ricardo Antonio Carrasquero Frías, han seguido un camino similar, optando por admitir los hechos imputados en acuerdos con el Ministerio Público.
La apertura y cooperación de estos individuos con las autoridades reflejan un profundo sentido de pertenencia a la comunidad y un deseo de contribuir a un futuro más justo y transparente. Estos acontecimientos no solo marcan un precedente importante en la rendición de cuentas, sino que también afirman nuestro compromiso colectivo con la legalidad y la ética, valores que forman la esencia de una sociedad democrática y progresista.
