San Francisco, EE.UU. RD Herald. – En una decisión que marca un nuevo revés legal para la administración de Donald Trump, el juez federal Edward Chen bloqueó este 30 de mayo el intento del gobierno de anular los permisos de trabajo y otros documentos legales de aproximadamente 5.000 migrantes venezolanos protegidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El fallo responde a una acción liderada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien intentó revocar estos documentos tras la autorización del Tribunal Supremo para eliminar el TPS a cerca de 350.000 venezolanos. Sin embargo, la Corte dejó abierta la posibilidad de impugnar decisiones individuales relacionadas con documentos ya emitidos.
El juez Chen determinó que Noem actuó fuera de sus atribuciones al intentar invalidar documentos vigentes, y subrayó que su cancelación podría tener consecuencias severas para los migrantes afectados, incluyendo la pérdida de empleos y el riesgo de deportación. La sentencia garantiza, por ahora, que los beneficiarios puedan mantener su estatus legal y continuar trabajando en EE.UU.
“La validez de estos documentos es esencial para la estabilidad de miles de personas que han construido una vida aquí”, señaló el magistrado en su resolución.
La medida fue celebrada por la organización National TPS Alliance, que ha estado al frente de la defensa legal de los migrantes venezolanos. Voceros de la organización advirtieron que esta victoria judicial no elimina todos los riesgos, pero representa un respiro en medio de crecientes tensiones migratorias.
Cabe recordar que en los últimos días del mandato del presidente Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el TPS para venezolanos hasta octubre de 2026. No obstante, la nueva administración republicana ha manifestado su intención de revertir dicha política como parte de una agenda migratoria más estricta, que incluye la expulsión de millones de inmigrantes indocumentados.
Esta decisión judicial podría sentar un precedente en futuros litigios relacionados con la protección de documentos otorgados bajo programas humanitarios.
