Una comisión del Parlamento de Panamá decidió ayer que los recursos que se decomisen producto de la lucha anticorrupción servirán para otorgar a unos 180.000 jubilados un bono que no se les pagó durante más de una década para financiar programas sociales.
El jefe de la comisión parlamentaria, Gabriel Soto, indicó que se hicieron las modificaciones al proyecto y se acordó crear el fondo especial con dinero sustraído por la corrupción para hacer efectivos los pagos, que de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas alcanzarían 150 millones de dólares.
La Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional (AN-Panamá) atendió así al veto parcial y las recomendaciones del Ejecutivo a la ley que aprobaron los diputados en octubre pasado para devolver la paga retenida entre 1972 y 1983.
El presidente, Juan Carlos Varela, propuso en su resolución, en enero anterior, fijar el porcentaje de interés que debe pagarse junto con la devolución y también establecer un mecanismo excepcional de pago para honrar el compromiso pendiente.
La AN informó de este avance en un comunicado, en el que no precisó la tasa de interés decidida, pero según Soto “es viable avanzar en segundo debate”.
Las autoridades panameñas han abierto desde 2014 cientos de investigaciones por corrupción, especialmente a funcionarios de la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), por los que se calcula una lesión patrimonial de cientos de millones de dólares.
Además, solo de los casos complejos que el Ministerio Público enfrenta en 2016, las lesiones patrimoniales ascienden a 44 millones de dólares, de acuerdo con su informe anual de gestión.
El pago adeudado a los jubilados es una parte del décimo tercer mes que reciben los trabajadores en Panamá cada año desde 1972.
El décimo tercer mes se divide en tres partidas anuales (abril, agosto y diciembre) de las cuales la segunda fue destinada por ley del régimen militar (1968-1989) al Banco Hipotecario Nacional, para un programa de vivienda social, y después a la Caja de Seguro Social (CSS) para reforzar los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la institución.
Pero ahora los cientos de miles de pensionados exigen que se les devuelvan estos fondos que aportaron.
El ministro panameño de Economía, Dulcidio De La Guardia, había advertido antes de que la devolución del décimo tercer mes retenido por el Estado afectaría la estabilidad de la Caja de Seguro Social (CSS), que ya enfrenta una situación insostenible.
Por eso en enero el Ejecutivo objetó el proyecto, pidió que se precisara el origen de los fondos y las tasas de interés, sin dejar de solidarizarse con la causa de los jubilados.
La propuesta actual deberá pasar ahora a un segundo y un tercer debate, y volver a atravesar el filtro del Ejecutivo.
