Santo Domingo, RD Herald. – El gobierno de la República Dominicana autorizó este jueves la extradición del ciudadano dominicano Felipe Parra Almonte, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos para responder por graves cargos criminales vinculados a hechos ocurridos en junio de 2022 en el estado de Massachusetts.
La decisión fue formalizada mediante decreto presidencial emitido por el presidente Luis Abinader, tras recibir la documentación correspondiente de la Procuraduría General de la República y la solicitud oficial presentada por la Embajada de los Estados Unidos a través de una Nota Diplomática.
Acusaciones en Estados Unidos
Parra Almonte enfrenta un expediente judicial ante la Corte Superior de Massachusetts, Condado de Middlesex, que lo señala por presuntos delitos de:
- Asalto armado con intención de asesinato,
- Asalto y agresión con un arma peligrosa,
- Causar lesiones corporales graves,
según las leyes generales de dicha jurisdicción. Los hechos, de acuerdo con la acusación estadounidense, se habrían registrado en junio de 2022.
Decisión de la Suprema Corte de Justicia
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición durante una audiencia celebrada el 28 de octubre de 2025, tras evaluar la documentación remitida por las autoridades estadounidenses y los argumentos de la Procuraduría General de la República.
El fallo fue enviado posteriormente al Poder Ejecutivo junto con copia certificada de la acusación formal y la nota diplomática.
Condición establecida por el Estado dominicano
El decreto presidencial establece que la extradición se concederá con la condición expresa de que no se aplique la pena de muerte, en caso de que el acusado resulte culpable, en cumplimiento del Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos.
Próximos pasos
El Poder Ejecutivo instruyó que el decreto sea remitido al:
- Ministerio de Relaciones Exteriores,
- Procuraduría General de la República,
- Dirección General de Migración,
para los fines de coordinación y ejecución del traslado del imputado a territorio estadounidense.
Con esta decisión, el gobierno reafirma su compromiso con la cooperación judicial internacional y el combate a los delitos transnacionales.
