Santiago de los Caballeros, RD Herald. – La supuesta celebración de una boda entre dos hombres, oficiada por el exembajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, el homosexual Wally Brewster, ha generado un escandalo nacional en torno al respeto a las leyes dominicanas y los límites de la injerencia diplomática en asuntos internos.
Según versiones difundidas en redes sociales durante el pasado fin de semana, el exdiplomático habría participado en una ceremonia simbólica en Santiago de los Caballeros, donde —de acuerdo con las publicaciones— dos hombres contrajeron matrimonio en un evento privado con la presencia de allegados y figuras vinculadas a grupos defensores de derechos LGBT+. Hasta el momento, no existen registros oficiales del acto ante ninguna instancia del Estado ni confirmación de que se tratara de un matrimonio civil legalmente reconocido.
Marco legal dominicano
De acuerdo con el Código Civil de la República Dominicana, el matrimonio solo puede ser celebrado entre un hombre y una mujer.
El artículo 55 de la Constitución también define el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer” y reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, bajo ese marco jurídico.
En ese sentido, cualquier unión celebrada entre personas del mismo sexo carece de validez legal en territorio dominicano, incluso si el acto fue realizado bajo un formato religioso, simbólico o con la presencia de una figura diplomática extranjera.
El trasfondo diplomático y las reacciones
La figura del homosexual Brewster, quien fue embajador de Estados Unidos en el país entre 2013 y 2017, siempre ha estado acompañada de controversia. Su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+ generó enfrentamientos con sectores conservadores y religiosos durante su gestión, al punto de que varios líderes eclesiásticos solicitaron su sustitución en aquel entonces.
Lo que podría venir
Juristas locales advierten que este tipo de eventos, aunque simbólicos, podrían generar tensiones diplomáticas si se interpreta como una provocación o un intento de vulnerar la soberanía nacional.
El abogado constitucionalista Eduardo Ramos expresó que, “si se trató de un acto público, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Poder Ejecutivo están en el deber de pronunciarse, pues en territorio dominicano solo las autoridades nacionales pueden oficiar actos civiles con validez jurídica”.
Mientras tanto, sectores de derechos humanos y colectivos LGBT+ han defendido la supuesta ceremonia, argumentando que “el amor no debería tener fronteras ni prohibiciones”, y que República Dominicana debe adaptarse a los tiempos modernos y al respeto a la diversidad.
Conclusión
Aunque la información no ha sido oficialmente confirmada, el episodio ha vuelto a poner sobre la mesa el debate entre los valores tradicionales dominicanos y las corrientes de cambio social impulsadas desde el exterior.
De ser cierto, el hecho no tendría validez legal dentro del país, pero sí podría tener impacto simbólico y político en las relaciones bilaterales y en el debate sobre los derechos civiles en la República Dominicana.
