Santo Domingo, RD Herald. – El polémico comunicador e influencer político Ángel Martínez enfrenta serios cuestionamientos legales tras ser acusado formalmente por presunta difamación e injuria en perjuicio del diputado oficialista Sergio Moya (PRM), conocido como “Gory”, y otras figuras públicas.
Este martes, la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, impuso a Martínez medidas cautelares, consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país, en el marco de la etapa preliminar del proceso judicial.
La decisión judicial se produce luego de que el comunicador fuera detenido el lunes en el puerto de Puerto Plata, tras arribar a territorio dominicano a bordo de un crucero internacional. La detención obedecía a una orden judicial vigente emitida por el tribunal competente.
Tras su comparecencia ante el tribunal, la jueza dispuso que Martínez enfrente el proceso en libertad, pero bajo condiciones restrictivas, mientras se desarrolla la investigación a cargo del Ministerio Público.
Acusaciones múltiples y audiencia pautada
El proceso fue iniciado por una querella formal presentada por el diputado Sergio Moya, quien acusa al comunicador de realizar declaraciones injuriosas a través de medios públicos y plataformas digitales, atentando contra su honor y reputación.
La audiencia de conocimiento del caso fue fijada para el 4 de junio de 2025, cuando se conocerán los argumentos de fondo por parte de ambas partes.
A esta querella se suma otra presentada por la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, quien también acusa a Martínez de realizar afirmaciones difamatorias sin sustento probatorio, bajo el alegato de ejercer funciones como “investigador independiente”.
Contexto y reacción pública
Ángel Martínez, radicado por años en Estados Unidos y con una presencia activa en redes sociales y plataformas digitales, ha ganado notoriedad en el debate político nacional por sus denuncias públicas y estilo confrontativo, aunque muchas de sus declaraciones han sido calificadas como infundadas o irresponsables por parte de sus críticos.
La imposición de medidas judiciales en su contra marca un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad en la comunicación digital y la judicialización de la opinión pública.
Hasta el momento, Martínez no ha emitido declaraciones oficiales tras su salida del tribunal, aunque se espera que utilice sus redes para dirigirse a sus seguidores, como ha hecho en ocasiones anteriores.
Investigación sigue en curso
El Ministerio Público continuará desarrollando la investigación mientras el acusado debe cumplir con las disposiciones de la jueza Almonte. Cualquier incumplimiento podría dar lugar a la modificación de las medidas y a un posible encarcelamiento preventivo.
