La administración de Donald Trump se anotó una victoria legal, al lograr frenar la implementación de una orden judicial que indicaba que los menores indocumentados no acompañados detenidos, tienen derecho a ir ante un juez de inmigración y obtener una fianza.
“Estamos tristes con esta decisión, pero esto no significa que hayan ganado, vamos a seguir luchando por estos niños”, indicó Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis.
El Noveno Circuito de Apelaciones en California, aceptó la moción de emergencia que presentó el Departamento de Justicia federal para bloquear el fallo de una corte federal de Los Ángeles hasta que se pueda apelar la decisión.
El pasado 20 de enero la jueza Dolly Gee, ordenó que los menores indocumentados no acompañados deban tener derecho de presentarse ante un juez, sin tener que enfrentar largas detenciones en centros para inmigrantes.
Gee se basó en el acuerdo extrajudicial “Flores”, de 1997, en el que se dictaminó que los menores indocumentados deben vivir en las condiciones “menos restrictivas” posibles.
El Departamento de Justicia asegura que la decisión de la jueza Gee “desvía sin lugar a dudas el tiempo, los recursos y el personal de las agencias del proceso de reunificación previsto (en una ley de 2008) y lejos de las ya cargadas operaciones de los tribunales de inmigración”.
A pesar de que un grupo de abogados defensores de los menores no acompañados trató de detener la solicitud, el Noveno Circuito decidió aprobar la petición del Gobierno de Trump, que está pidiendo un proceso expedito en este caso.
“Indica que la Corte de Apelaciones quiere escuchar las preocupaciones del Gobierno, pero esperamos que la decisión final nos vaya a favorecer”, explicó Cooper.
Cooper asegura que con estas acciones del Gobierno, cientos de menores están en la mira de las nuevas prioridades de deportación, entre ellos los que están bajo la jurisdicción de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
En el año fiscal 2014, casi 800 menores no acompañados fueron enviados a estos centros de detención.
Mientras que el 2015 fueron 618 menores no acompañados que ahora se encuentran en una especie de laberinto legal que no permite acción ni a sus padres ni a sus representantes legales.
El caso de Héctor Boteo, un menor que estuvo detenido 489 días sin justificación, forma parte de los argumentos que expusieron los abogados que defienden los derechos de esos menores.
