El diputado Ronald Sánchez del Partido Revolucionario Moderno (PRM) denunció este jueves que la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados fue engañada a la hora de firmar el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1 que deroga la Ley No. 140-13.
Sánchez explicó que los miembros de la Comisión, de la que es parte, estuvieron trabajando durante cinco meses en el proyecto y se reunieron con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, la viceministra Xenia García, con el Instituto Dominicano de las Telecomunicacionescon (Indotel) y un equipo técnico en telecomunicaciones.
«Durante las discusiones, ellos planteaban que las prestadoras estaban de acuerdo con ese cargo (impuesto), que no les iba a ser lesivo porque se iba a cargar una tasa a un mercado internacional no regulado, que son los intermediarios», añadió.
Indicó que hasta ese momento estaban de acuerdo porque ningún dominicano que se encontrara en el país como en el extranjero iba a ser afectado, pues esa era su preocupación, aseguró.
El diputado por la provincia Hato Mayor explicó que luego visitaron las instalaciones donde opera el 9-1-1 y contactaron con un técnico que se encontraba en las Islas Turcos y Caicos, quien les explicó cómo procedía el cargo que beneficiaba a la República Dominicana.
«En algún momento llegaron algunas personas a la Cámara que nosotros entendíamos que eran de las prestadoras», dijo.
Sin embargo, cuando el proyecto de ley propuesto por el diputado Elías Serulle fue aprobado en primera lectura el 10 de mayo, la Comisión se dio cuenta de que las prestadoras de servicios de telecomunicaciones denunciaron que no fueron tomadas en cuenta.
«Ahí nos sorprende a nosotros, porque ya teníamos un informe favorable donde entendíamos que las prestadoras estaban de acuerdo en ese cargo», comentó.
Luego de la denuncia por las prestadoras, la Comisión de Interior y Policía se reunió con ellas el 12 de mayo, donde explicaron las consecuencias que conllevaría el cargo impositivo, que en 2007 fue eliminado y se llamaba cargo por transporte internacional de llamadas.
«Cuando ese cargo entre en vigencia, el DR-CAFTA queda eliminado porque es contraproducente con ese acuerdo en el cual somos dignatarios. También nos explican que el artículo 28 de esta ley es contraproducente con la Constitución en su artículo 44 porque viola la intimidad del usuario», reveló.
Ronald Sánchez informó que las llamadas quedarían grabadas por la instalación de unos equipos especiales que permitirían al Indotel o cualquier institución que se delegue la retirada de información en voz y datos.
«Ahí le damos la alerta a la Comisión y le decimos que el proyecto debe volver a comisión porque nosotros firmamos de buena fe, pero a nosotros se nos engañó, fuimos víctimas de un timo en esa Comisión de Interior y Policía», denunció.
Aseguró que los diputados del PRM que son parte de la Comisión se opusieron a la firma del proyecto de ley. «Lamentablemente hay un mandato vía ejecutivo que los diputados miembros oficialistas no pueden oponerse», concluyó.
