Cuba, Venezuela y Rep. Dom., en “lista negra” de derechos humanos de CIDH

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Respecto a República Dominicana, la CIDH alerta de “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas".

La República Dominicana tomó el relevo de Guatemala en la «lista negra» de 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que siguen Cuba y Venezuela, de acuerdo con el informe anual que publicó hoy ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sobre Venezuela, incluida en la «lista negra» desde 2002, la CIDH denuncia que «persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos» y se ha registrado «un agravamiento» de la situación de la seguridad ciudadana con relación al derecho a la vida e integridad personal y «un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas».
iones indebidas al ejercicio del derecho a la protesta y los despidos y amenazas a empleados públicos con la pérdida de su cargo si manifiestan opiniones políticas contra el oficialismo.

La crisis en Venezuela se ha agudizado desde principios de mes con continuas protestas antigubernamentales que han dejado 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de 1.000 detenidos.

Respecto a República Dominicana, la CIDH alerta de “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas».

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes su retirada «definitiva» de la OEA, un proceso que puede durar hasta dos años y cuyo inicio formalizará mañana con la entrega de una carta a la Secretaría General en Washington.

También repite en la «lista negra» Cuba, por «las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento», que el informe recalca «continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes» en la isla.

A lo anterior, agrega el estudio, «se suma el incremento en las represiones severas y restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales) y la exclusión de la población afrodescendiente, que está subrepresentada en altos cargos del Estado».

República Dominicana entró a la «lista negra» por «la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales», lo cual ha impactado particularmente en «el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas».

Para la Comisión, esto muestra «los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial».

«La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos», recalca
La CIDH sacó a Guatemala de su «lista negra», de la que formó parte en su última versión por sus «situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectan seriamente el disfrute de los derechos humanos».

La organización destacó «la necesidad» en Guatemala de «una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho».

Guatemala estuvo tan solo un año en la «lista negra», al tomar el relevo de Honduras (2013 y 2014) y de Colombia, incluida ininterrumpidamente desde el 2000 al 2012.

Conocido como «lista negra», el capítulo IV del informe señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una «atención especial» por parte de este organismo, que tiene sede en Washington.