Santo Domingo, RDHerald. – El gobierno del presidente Luis Abinader ha endurecido recientemente sus políticas contra la migración irregular, iniciadas en 2020 cuando asumió el cargo. Según el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, el Estado dominicano tiene un plan para expandir las redadas y detenciones a todo el territorio nacional. Esto ha generado controversia y preocupación entre la comunidad haitiana en el país.
Además, el 6 de abril, Abinader promulgó nuevas medidas para desalentar los cruces fronterizos desde Haití, incluyendo la aceleración de la construcción de la «valla inteligente» en la frontera. Estas medidas han resultado en la deportación de miles de ciudadanos haitianos desde principios de abril, con un total de 14,874 deportaciones reportadas hasta el lunes, según un comunicado de prensa del gobierno.
Uno de los aspectos más controvertidos de estas medidas es la deportación de mujeres embarazadas que llegan a la República Dominicana para dar a luz. Como declaró una mujer haitiana, que prefirió permanecer en el anonimato: «Es más barato dar a luz en la República Dominicana que en Haití porque allá tenemos que pagar los hospitales y aquí, hasta ahora, no teníamos que pagar». Esto ha causado indignación en la comunidad haitiana, que se siente injustamente perseguida y castigada por buscar mejores opciones de atención médica para ellas y sus hijos.
Las deportaciones también han suscitado preocupación por el trato que reciben estas mujeres, quienes a menudo son transportadas en autobuses modernos por la Dirección General de Migración (DGM) debido a su reciente parto. Muchos están preocupados por las condiciones en las que se transporta a estas mujeres y a sus recién nacidos, así como por los posibles riesgos para la salud.
La República Dominicana y Haití comparten una historia compleja, con frecuentes tensiones entre ambos países vecinos. Sin embargo, estas medidas recientes solo han echado leña al fuego, y muchos piden un enfoque más humano y compasivo para tratar con los haitianos indocumentados en el país.
El gobierno del presidente Abinader ha defendido estas medidas como necesarias para mantener el orden y la seguridad en el país. Sin embargo, la controversia y las preocupaciones en torno a las deportaciones y el trato a los ciudadanos haitianos siguen creciendo. A medida que la situación se desarrolla, muchos piden una solución más integral y compasiva al problema de la migración indocumentada en la República Dominicana.
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han expresado cada vez más su preocupación por el trato a los migrantes haitianos y la posible violación de las normas internacionales. Los críticos argumentan que la falta de debido proceso en muchos casos de deportación, sumada a los informes de condiciones de vida inadecuadas y malos tratos, pone de relieve la necesidad de reformas urgentes.
La República Dominicana se enfrenta al reto de equilibrar su soberanía y control fronterizo con el compromiso de defender los derechos humanos y la dignidad. Abordar las causas profundas de la migración, fomentar el diálogo entre ambas naciones y buscar la cooperación regional pueden ser pasos cruciales hacia una solución sostenible y humana.
