José Miguel Minie, José de los Santos Hiciano y Guillermo García Cabrera plantean la nulidad de la acusación del Ministerio Público por violación al debido proceso de ley, al considerar que todas las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal y no han sido entregadas a su cliente.
Santo Domingo, RDHerald.- “Acoger en cuanto a la forma el presente escrito de defensa, objeciones, excepciones, incidentes, orden de pruebas a descargo y petitorios, incluyendo el auto de no ha lugar de apertura a juicio, con motivo del acta de acusación formulada en fecha siete de junio del año 2018, por la Procuraduría”, dicen los abogados en su petitorio.
Además, reclaman la nulidad de todas las pruebas mantenidas secretas y ocultas por el Ministerio Público con posterioridad a la imposición de medidas de coerción, situación probada y reconocida judicialmente, “y con ello la nulidad de la acusación de que se trata”.
De igual forma, solicitan declarar la nulidad de la acusación, “puesto que el Ministerio Público con su indebido proceder de ocultamiento y no entrega de pruebas, violentó en perjuicio del exponente, el debido proceso, que está conformado por las garantías mínimas que se establecen en el mismo artículo 69 constitucional, dentro del cual se encuentran los numerales 4, 7 y 10, provocando la indefensión, la cual se origina cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa y la desigualdad procesal, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado”.
La defensa del imputado hace la petición debido a que, según ellos, el Ministerio Público no ha podido demostrar que las transferencias de dinero recibidas por Rondón tenía como objeto el pago de sobornos. “No se ha hecho ni una sola descripción de un hecho concreto e individualizable en el que se establezca que Rondón le haya prometido, ofrecido o entregado alguna suma de dinero a un funcionario con la finalidad de sobornarlo”.
