Fuentes vinculadas a la investigación aseguran que las acciones procesales estan avanzado lo suficiente como para que en las próximas horas estará sometiendo el expediente ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
“Esta semana es crucial, ya que la Procuraduría está concluyendo todas las traducciones y cotejo para someter a la Justicia a los sobornados. Si los indicios son graves, se podría solicitar en la semana órdenes de arresto y algún otro tipo de coerción, conforme a la ley”, indicó la fuente.
Ya la Procuraduría había solicitado a la Suprema la designación de un juez especial, lo que confirma las versiones de que hay legisladores y funcionarios entre los que serán sometidos. Dada la jurisdicción privilegiada que tienen los legisladores, que arrastra a los demás implicados, el caso Odebrecht se conocerá en la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con informaciones suministradas a este medio, serán unos 15 los procesados, entre ellos hay, por lo menos, dos senadores y un diputado. Los senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, Tommy Galán y Julio César Valentín, han acudido frente al procurador, Jean Alain Rodríguez, para ofrecer declaraciones en torno al caso, así como el diputado por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco.
La semana pasada, la Procuraduría interrogó al ministro de Industria, Comercio y Pymes, Juan Temístocles Montás, cuyo nombre figura en varias de las listas de posibles implicados que han circulado a través de las redes sociales.
Los interrogatorios también han incluido a varios exfuncionarios y excongresistas de los principales partidos políticos del país, así como al empresario y lobista Ángel Rondón, quién habría sido señalado por Odebrecht -conforme informó la Procuraduría- como la persona que recibió los sobornos.
Las expectativas de que se produzcan arrestos, crecen con algunas acciones en estamentos judiciales. El acondicionamiento de la cárcel de la Fiscalía de Ciudad Nueva, que la Procuraduría atribuyó a un plan nacional de remodelación de cárceles, hace suponer a muchos que se trata de arreglar el lugar para las figuras políticas de relevancia envueltas en el caso. Además, la seguridad de la Fiscalía y la Procuraduría fue incrementada.
El jueves se cumple el plazo establecido por la empresa Odebrecht con el Ministerio Público de Brasil para mantener en confidencialidad las delaciones premiadas de sus ejecutivos investigados por el caso Lava Jato.
En la medida en que los documentos de esa investigación sean públicos, los 12 países en los que la empresa confesó haber repartido unos US$788 millones en soborno, podrán tener acceso a las informaciones.
En el caso dominicano, esos datos ya están en manos de la Procuraduría, gracias al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht (conforme lo ha reiterado el Procurador), que anunció la recepción de los documentos el pasado 17 de mayo.
