El vicepresidente de Venezuela ha entrado este lunes en la lista negra de narcotraficantes de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha incluido a Tareck El Aissami en el grupo de sancionados por su «significativo papel en el narcotráfico internacional», lo que le convierte en el funcionario venezolano más alto en ser castigado por Washington. Las agencias involucradas en la decisión han insistido en que se trata de una acción contra un individuo, no contra un gobierno, y que es el resultado de una «larga investigación». Pero con este paso la Administración de Donald Trump abre un nuevo frente en América Latina y redobla la presión sobre Caracas iniciada por su predecesor, Barack Obama.
Además del vicepresidente venezolano, en la lista de sancionados figuran el empresario venezolano Samark José López Bello, al que Washington considera el “testaferro” de El Aissami, y 13 empresas “pertenecientes o controladas por López Bello” o sus asociados. Las compañías tienen sede en EE UU, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas.
Las sanciones se enmarcan en la Ley Kingpin, promulgada en 1999 con el objetivo de bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico y que sean una amenaza para Estados Unidos. Implican la congelación de cualquier bien o activo que los señalados tengan en territorio estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con los castigados. Fuentes del Gobierno estadounidense dijeron que se estima que los bienes de los sancionados en EE UU, especialmente en la zona de Miami, ascienden a “decenas de millones de dólares”. Florida, y más concretamente Miami, es una zona privilegiada por los boliburgueses, la oligarquía que floreció a la sombra del chavismo.
Una acción con fuertes tintes políticos
Las autoridades estadounidenses han sido enfáticas a la hora de señalar que la designación de El Aissami es una decisión “contra un individuo, no un gobierno”. Se trata de “la culminación de una investigación de varios años bajo la Ley Kingpin para identificar a narcotraficantes significativos en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protegen a los que se involucran en estas actividades ilícitas”, dijo en un comunicado el director en funciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, John Smith. “El mensaje de esta designación no es político ni económico ni diplomático; se trata de ir contra el narcotráfico”, insistió otra fuente oficial en la teleconferencia.
No obstante, a nadie se le escapan las múltiples y graves implicaciones políticas de una decisión que pone en la mira de EE UU al segundo hombre de mayor poder en Venezuela y potencial sucesor de Nicolás Maduro al frente del Gobierno.
e hecho, hace solo una semana, 32 legisladores, tanto congresistas como senadores republicanos y demócratas, firmaron una carta escrita por el senador demócrata Bob Menéndez y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen pidiéndole a Trump que imponga nuevas sanciones “inmediatas” a funcionarios venezolanos “responsables de violaciones de derechos humanos y de corrupción”, incluidos, subrayaban, “aquellos presuntamente involucrados en la crisis alimentaria venezolana”. Los legisladores también reclamaban que las agencias estadounidenses “investiguen de forma exhaustiva” la “conducta y actividades” del nuevo vicepresidente venezolano El Aissami, en vista de las informaciones que ligan al nuevo número dos venezolano con “corrupción, narcotráfico y la influencia de organizaciones terroristas en Venezuela”.
Uno de los signatarios, el senador republicano por Florida Marco Rubio, celebró las sanciones contra El Aissami y manifestó su esperanza de que sean “solo el principio para asegurarnos de que el régimen de Maduro siente presión para poner fin a sus actividades ilícitas, liberar a todos los presos políticos, empiece a tolerar el disenso y respete la voluntad de los venezolanos que votaron para que se abandone el desastroso camino de (Hugo) Chávez y Maduro”.
Rubio es, junto con el demócrata Menéndez, el coautor de la ley que a finales de 2014 abrió la puerta a sanciones contra funcionarios venezolanos por parte de Washington durante el Gobierno de Obama. Este emitió una primera tanda de penalizaciones en marzo de 2015, cuando señaló a siete altos funcionarios venezolanos responsables de seguridad y justicia del Gobierno de Maduro como responsables de la “erosión de los derechos humanos” en el país. Además, para gran indignación de Caracas, el presidente demócrata declaró una “emergencia nacional” respecto de Venezuela, un instrumento que le permite al Ejecutivo, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.
