Santo Domingo, RD Herald. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitó este viernes a la Cámara de Diputados declarar de urgencia el proyecto de ley que busca extender el período de adecuación al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuyo plazo vigente vence el próximo 5 de noviembre.
La organización empresarial dirigió su petición al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtiendo que el tiempo disponible resulta insuficiente para que numerosas empresas completen los procedimientos internos necesarios.
La iniciativa busca modificar el artículo 31 de la Ley 44-26 y, según la comunicación del gremio, ya recibió aprobación del Senado de la República.
Sin embargo, para que la extensión produzca efectos jurídicos, debe completar el procedimiento legislativo correspondiente.
LAS MIPYMES FIGURAN ENTRE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES
ANJE sostiene que el período de adecuación de tres meses representa un desafío especialmente importante para las micro, pequeñas y medianas empresas.
A diferencia de grandes organizaciones que disponen de departamentos jurídicos, equipos de auditoría y personal especializado, numerosos pequeños negocios deben contratar asistencia externa para interpretar y aplicar nuevas obligaciones legales.
La adaptación a un régimen de responsabilidad penal empresarial puede requerir revisiones de procedimientos internos, capacitación y establecimiento de mecanismos de prevención.
La complejidad de esas medidas dependerá del contenido de la legislación y de las características de cada empresa.
El gremio considera que imponer obligaciones sin un período suficiente de preparación podría generar dificultades operativas y costos desproporcionados.
UNA PRÓRROGA NO SIGNIFICA ELIMINAR RESPONSABILIDADES
La organización empresarial aclaró que respalda la existencia de un sistema efectivo de responsabilidad penal para las personas jurídicas.
Su solicitud no pretende eliminar la normativa ni impedir que se investiguen conductas ilícitas.
El planteamiento se concentra en ampliar el tiempo de adaptación para que las empresas puedan desarrollar mecanismos de cumplimiento.
Esta distinción resulta importante porque una prórroga del período de adecuación no equivale a una exención permanente de responsabilidad.
Tampoco significa que las empresas queden autorizadas para realizar conductas prohibidas por otras disposiciones legales.
La discusión legislativa gira alrededor de la fecha y las condiciones de aplicación del régimen específico contemplado en la Ley 44-26.
EL CONGRESO ENFRENTA UN PLAZO REDUCIDO
El vencimiento previsto para el 5 de noviembre convierte el calendario legislativo en uno de los aspectos más importantes del debate.
ANJE advierte que, si el proyecto continúa por el procedimiento ordinario, podría aprobarse después de que expire el plazo actual.
En ese escenario, la extensión perdería parte de su finalidad práctica.
Por esa razón, la asociación solicitó que los diputados conozcan la iniciativa con carácter de urgencia.
La aprobación previa en el Senado representa un avance, pero no permite afirmar que la modificación ya esté vigente.
El proyecto todavía necesita completar los pasos legislativos pendientes.
PREVENCIÓN Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO
Los sistemas de responsabilidad empresarial buscan establecer consecuencias jurídicas cuando determinadas conductas ilícitas pueden atribuirse a organizaciones, conforme a los requisitos establecidos por la ley.
También pueden incentivar la adopción de controles destinados a prevenir irregularidades.
Sin embargo, la eficacia de esos mecanismos depende de que las obligaciones sean claras, proporcionales y aplicables.
Para las empresas de menor tamaño, un diseño excesivamente complejo puede resultar difícil de implementar.
Por otra parte, una aplicación débil o indefinidamente postergada podría reducir los incentivos para establecer mecanismos adecuados de prevención.
El desafío consiste en equilibrar ambos objetivos: fortalecer la responsabilidad empresarial y ofrecer condiciones razonables para cumplir.
LA DECISIÓN ESTÁ EN MANOS DE LOS LEGISLADORES
La solicitud de ANJE coloca el tema entre los asuntos legislativos que requieren atención inmediata.
Durante los próximos días deberá conocerse si la Cámara de Diputados acoge la petición y aprueba la modificación propuesta.
Hasta que concluya el procedimiento correspondiente, no puede darse por aprobada una nueva fecha de entrada en vigor.
Las empresas deberán mantenerse atentas a las decisiones oficiales y evitar asumir que el plazo ha sido extendido únicamente porque existe una solicitud empresarial o una aprobación en una de las cámaras.
El debate también plantea una cuestión más amplia: cómo introducir nuevas obligaciones legales sin crear obstáculos desproporcionados para la formalización y continuidad de los pequeños negocios.