Santo Domingo, RD Herald. – República Dominicana permanece clasificada en el Nivel 2 del informe estadounidense sobre trata de personas correspondiente a 2026, una evaluación que reconoce esfuerzos gubernamentales para combatir este delito, pero advierte que todavía existen deficiencias importantes en la investigación, persecución y protección de las víctimas.
La publicación del informe provocó una diferencia en la interpretación de los resultados.
La noche del jueves, el Gobierno dominicano difundió un comunicado en el que destacó que el país había ascendido al Nivel 2.
Sin embargo, la comparación entre los informes muestra que ese ascenso se produjo en 2025, mientras que la evaluación publicada este 8 de octubre de 2026 mantiene a República Dominicana en la misma categoría.
La distinción es importante porque permite comprender correctamente los avances y las dificultades registradas durante los períodos evaluados.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR EN EL NIVEL 2?
La clasificación no representa una certificación de que la trata de personas haya sido eliminada.
Significa que el país todavía no cumple plenamente los estándares mínimos establecidos para combatir este delito, aunque realiza esfuerzos significativos para alcanzarlos.
Entre los aspectos positivos reconocidos figuran modificaciones a la legislación dominicana, un aumento de las condenas y determinadas mejoras en la asistencia a víctimas.
También se destaca la reforma de la Ley 137-03, que fortaleció las disposiciones penales relacionadas con la trata de personas.
BAJAN LAS INVESTIGACIONES, PERO AUMENTAN LAS CONDENAS
Uno de los datos más relevantes del informe de 2026 es la reducción de las investigaciones iniciadas.
Durante 2025 se registraron 94 investigaciones por trata de personas, frente a las 229 correspondientes a 2024.
Esto representa una disminución de 135 investigaciones.
No obstante, el número de personas procesadas aumentó de 50 a 73.
Las condenas también registraron un incremento importante, al pasar de 11 a 30 personas condenadas.
Estos resultados muestran un panorama mixto.
Por una parte, hubo más decisiones judiciales condenatorias.
Por otra, se abrieron menos investigaciones nuevas.
Las cifras no permiten concluir automáticamente que disminuyó la incidencia del delito, pues también pueden reflejar cambios en la capacidad de detección o investigación.
139 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS
El informe correspondiente a 2026 señala que las autoridades identificaron 139 víctimas durante 2025.
La mayoría corresponde a casos de explotación sexual.
Solamente una persona fue identificada como víctima de trabajo forzoso, frente a trece registradas en el período anterior.
Este último dato es especialmente significativo.
La explotación laboral puede producirse en actividades agrícolas, construcción, servicios domésticos y otros sectores donde las víctimas enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
La escasa identificación de estos casos constituye una de las principales preocupaciones expresadas en la evaluación.
EL TRABAJO FORZOSO SIGUE SIENDO UNA DEUDA PENDIENTE
El informe reconoce las acciones desarrolladas por las autoridades dominicanas, pero considera insuficientes los esfuerzos para detectar e investigar determinadas formas de explotación laboral.
También identifica dificultades relacionadas con la protección de víctimas extranjeras y la disponibilidad de servicios especializados para hombres afectados por redes de trata.
La situación resulta particularmente delicada cuando las víctimas carecen de documentación migratoria o dependen económicamente de quienes las explotan.
UNA EVALUACIÓN QUE EXIGE MAYOR PRECISIÓN
Los datos de 229 investigaciones y 136 víctimas destacados en el comunicado gubernamental corresponden al período anterior, mientras que el nuevo informe presenta cifras actualizadas.
La diferencia no elimina los avances reconocidos al país.
Pero sí obliga a distinguir entre el ascenso obtenido en 2025 y la permanencia en el Nivel 2 durante 2026.
La lucha contra la trata de personas requiere no solamente leyes más estrictas y mayores condenas, sino también investigaciones oportunas, identificación de víctimas y protección efectiva frente a las redes criminales.
El reto para República Dominicana será convertir los avances institucionales en resultados sostenidos, especialmente en los sectores donde la explotación continúa siendo más difícil de detectar.
