Abinader ordena detención inmediata de toda actividad vinculada al proyecto minero Romero en San Juan

El mandatario dijo que la decisión responde al rechazo masivo de la población y al marco de la Ley 64-00, mientras el proyecto de GoldQuest queda detenido en la fase de evaluación ambiental

Santo Domingo, RD Herald. – El presidente Luis Abinader dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, en una decisión que coloca en pausa la iniciativa impulsada por la empresa canadiense GoldQuest y que, según el Gobierno, reafirma una postura de prudencia, escucha ciudadana y responsabilidad institucional.

El jefe de Estado explicó que la medida se fundamenta en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, al sostener que cuando existe un rechazo amplio y sostenido de la población frente a un proyecto de esa naturaleza, no resulta viable continuar adelante. Abinader expresó que su administración debe actuar con cautela y transparencia cuando la ciudadanía manifiesta inquietudes y preocupaciones de forma masiva.

De acuerdo con el mandatario, el proyecto Romero no había recibido todavía un permiso de explotación y, bajo su gobierno, se había mantenido únicamente en la fase de evaluación ambiental. Reuters recordó que las concesiones exploratorias del proyecto se remontan a 2005, mientras que el Gobierno insistió en que la iniciativa no había pasado de esa etapa durante la actual gestión.

La decisión se produjo después de una movilización multitudinaria en San Juan, donde manifestantes recorrieron la ciudad hasta la presa de Sabaneta para expresar su oposición al proyecto, alegando riesgos para los ríos, las tierras agrícolas y las fuentes de agua de la región sur. La cobertura reciente también recoge que en la provincia el anuncio fue recibido con celebraciones en las calles tras conocerse la paralización.

El caso de Romero se había convertido en uno de los focos de mayor tensión pública en el país en los últimos días, en medio de advertencias de sectores comunitarios, ambientales, políticos y religiosos sobre el posible impacto del proyecto en la presa de Sabaneta y en el sistema hídrico del sur. Con esta orden presidencial, el Gobierno marca una pausa formal al proyecto y abre una nueva etapa en el debate sobre minería, agua y licencia social en la República Dominicana. Esta última lectura es una inferencia basada en el contexto descrito por las fuentes y en la secuencia de protestas y anuncios oficiales.

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