Los Ángeles, California, RD Herald. – El gobierno del expresidente Donald Trump lanzó una dura advertencia este domingo al gobernador de California, Gavin Newsom, advirtiendo que podría enfrentar acciones legales e incluso detención, si interfiere con las operaciones de la Guardia Nacional desplegada en ese estado. La amenaza surge en medio de una nueva ola de protestas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), marcadas por enfrentamientos y arrestos masivos.
El Mando Norte del Ejército de Estados Unidos anunció oficialmente que más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, pertenecientes a la 79ª Brigada de Infantería de California Norte, comenzaron su despliegue en el área de Los Ángeles, principalmente en zonas de alta tensión como Compton y San Bernardino.
“La 79ª Brigada comenzó su despliegue y algunos ya se encuentran en el terreno”, informó el Comando en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
¿Por qué fue activada la Guardia Nacional?
La orden provino directamente del expresidente Donald Trump, tras los disturbios registrados durante la noche del sábado. Las protestas fueron convocadas por grupos de defensa de los derechos migrantes, que exigen la eliminación del ICE y el fin de las detenciones arbitrarias de migrantes indocumentados.
Según fuentes oficiales, el operativo busca garantizar la seguridad pública ante la creciente tensión en las calles de California. Sin embargo, la decisión ha sido duramente criticada por activistas y funcionarios locales, que la califican como una militarización innecesaria y una provocación política.
El gobernador Newsom, conocido por su postura crítica frente a las políticas migratorias de Trump, no ha emitido una respuesta formal a la amenaza, pero desde su oficina se informó que se evalúan vías legales para “proteger los derechos civiles y la autonomía del estado”.
Escalada política y constitucional
La amenaza de detener a un gobernador estatal por presunta obstrucción de un despliegue militar federal representa una escalada sin precedentes en el conflicto entre los gobiernos estatales demócratas y las políticas migratorias impulsadas por Trump.
Organizaciones de derechos humanos como la ACLU y Human Rights Watch han manifestado su preocupación por lo que consideran una violación grave de las normas democráticas y del federalismo constitucional en Estados Unidos.
