Santo Domingo, RD Herald. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, formalizó el pasado viernes una querella por difamación e injuria en contra de los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, a quienes acusa de divulgar informaciones falsas y malintencionadas que afectan su honra personal y familiar.
La querella fue depositada ante la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología, debido a que las acusaciones fueron difundidas mediante plataformas digitales, incluidas redes sociales y canales de YouTube. Según el expediente, tanto Martínez como Jorge compartieron contenido audiovisual con afirmaciones calumniosas y sin fundamento, que violan la privacidad de Raful y, de forma particular, la de uno de sus hijos menores de edad.
“No es un tema de libertad de expresión, sino de respeto a la dignidad humana y los límites legales que rigen la comunicación pública”, expresó el abogado Miguel Valerio, representante legal de Raful.
Valerio explicó que, aunque Ángel Martínez emitió una disculpa pública durante el fin de semana, esta no fue aceptada por su cliente, ya que las declaraciones fueron “gravemente difamatorias y dañinas”. Señaló que el daño causado va más allá del plano político o público, afectando directamente a la integridad emocional de la familia de la ministra.
“El solo hecho de involucrar a un menor de edad en una campaña de difamación convierte este caso en uno particularmente delicado, que no puede resolverse con un simple perdón”, añadió.
Por su parte, la Procuraduría no ha ofrecido declaraciones sobre el curso que seguirá la querella, aunque fuentes cercanas al proceso señalan que podrían iniciar una investigación preliminar para determinar la responsabilidad penal de los implicados.
Faride Raful, reconocida por su trayectoria legislativa y su actual rol al frente del Ministerio de Interior y Policía, ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional. Esta acción legal, según allegados a la funcionaria, busca sentar un precedente ante el creciente uso irresponsable de medios digitales para atacar reputaciones.
La querella también plantea la necesidad de reforzar los marcos legales que rigen el ejercicio comunicacional en entornos digitales, en particular cuando se trata de figuras públicas y sus entornos familiares.
Hasta el momento, ni Ángel Martínez ni Ingrid Jorge han emitido declaraciones oficiales sobre la acción judicial en su contra.
