Santo Domingo, RDHerald.- La libertad de expresión es uno de los derechos que establece la Constitución dominicana, en base a esta responsabilidad los medios de comunicación expresan sus puntos de vista en los diferentes temas del día a día.
El departamento de Estado de los Estados Unidos publicó hoy un informe sobre el respeto a los derechos humanos en el cual indica que las leyes dominicanas brindan la libertad de “criticar al gobierno pública y privadamente sin temor a represalias.
Pese a esto, durante el 2019 la nación escenificó varios incidentes que “intimidaron a la prensa”, cita el reporte.
En septiembre del año pasado el programa de un periodista criollo fue suspendido después de revelar una investigación que sostenía que presuntamente la hermana del procurador general de la República recibió contratos gubernamentales por un monto aproximado de 750 millones de pesos, tras esta declaración dicho periodista (cuyo nombre se omite en el informe) alegó que su programa fue cancelado por el hecho.
El reporte estadounidense sobre libertades civiles cita que “los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación fueron ocasionalmente acosados o atacados físicamente. Algunos medios informaron que periodistas, específicamente en áreas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción oficial”.
En octubre del 2019 un comentarista local declaró que había recibido amenazas luego de criticar las acciones de políticos de la provincia de Monte Plata que aparentemente sostenían nexos con el narcotráfico, relata el escrito.
En base a esto, algunos medios de comunicación de la República Dominicana optaron por “proteger a los periodistas individuales” omitiendo temas relacionados al tráfico de sustancias ilícitas. Además, el reporte reveló que el gobierno dominicano “influyó en la prensa a través de contratos publicitarios”. Es decir, que el gobierno pagó cerca de 12.5 millones de pesos por la divulgación de anuncios publicitarios a su favor, hecho que fue denunciado por una periodista a través de un noticiero local.
“El Colegio Dominicano de Periodistas informó que los periodistas fueron demandados por políticos, funcionarios gubernamentales y el sector privado para presionarlos para que dejaran de informar”, narra el texto publicado en la página web del gobierno estadounidense.
